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Primera sesion del juicio Astra contra el Gobierno Cántabro por la TDT-Satelite

bawin

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24 Mar 2009
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Astra cree que no existe tal gratuidad.

Gobierno rescindió el contrato de la TDT a Astra al haber otra solución que "no costaba dinero" a Cantabria.


El exdirector de Transportes y Telecomunicaciones cree que se podría haber mantenido el contrato con Astra para la TDT por satélite

SANTANDER, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El anterior Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) ha justificado este martes que rescindió el contrato suscrito con Astra para la implantación de la TDT porque el Gobierno central le propuso otra "solución análoga" para llegar al 100% de la población que "no le costaba dinero" a la comunidad autónoma, algo que la empresa niega y asegura que "de gratuidad nada", ya que sólo era un préstamo del Estado.
Durante el juicio iniciado este martes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Santander por la rescisión del contrato de la TDT a SES-Astra, el exdirector general de Transportes y Comunicaciones Marín Sánchez Delgado ha explicado que, con la propuesta del Gobierno de España, la región se ahorraba los costes de implantar la TDT por vía satélite en aquellos lugares donde no se podía llegar de forma terrestre, con los que corría el Estado.
En este sentido, y ante la pregunta del juez de si la implantación de la TDT en Cantabria "salió gratis", ha reconocido, sin embargo, que el Ejecutivo regional sí tuvo que realizar "bastantes inversiones" en los repetidores terrestres para poder realizar el cambio de analógico a digital.
En este sentido, el director general de Astra Ibérica, Luis Sahún, ha defendido que no existía la gratuidad que alude el Gobierno regional ya que el Gobierno de España se limitaba a dar un crédito a las CC.AA. para la universalización e implantación de la TDT que, posteriormente, éstas tenían que devolver. "De gratuidad nada, es un préstamo", ha aseverado.
Por otra parte, durante su declaración como testigo, Sahún se ha quejado de que después de rescindir el contrato con su empresa, el Gobierno regional convocara un nuevo concurso y se lo adjudicara a Abertis Telecom, que también se había presentado al concurso en el que había resultado ganadora Astra y había perdido.
En este sentido, y a preguntas del abogado de la empresa demandante sobre este asunto, el exdirector general de Transportes y Comunicaciones ha opinado que "hubiera tenido cabida" continuar con el contrato con Astra para la implantación de la TDT por vía satélite en aquellas zonas donde no pudiera llegar por vía terrestre y que Abertis se hubiera ocupado del resto.
Sin embargo, el anterior Gobierno de Cantabria decidió rescindir el contrato con Astra que, por este motivo, presentó una demanda contra el Gobierno de Cantabria, al que reclama casi 22 millones de euros por incumplimiento de contrato de los que 1,5 es por los gastos realizados para la ejecución del proyecto y 20,4 por la pérdida de ganancias o lucro cesante.
UN PROYECTO "MUY AVANZADO"

A lo largo de la primera sesión de este juicio, que continuará este miércoles, han declarado varios testigos de Astra, de IDICAN --ahora denominada Sodercan-- y del Gobierno de Cantabria relacionados con este proyecto.
Durante su transcurso, los representantes de la exadjudicataria han asegurado que, en el momento de la rescisión del contrato por parte del Ejecutivo regional (7 de noviembre de 2008), el proyecto de implantación ya estaba "muy avanzado" puesto que estaba previsto que entrara en servicio 21 días después, el 28 de noviembre, una afirmación que han rechazado los representantes de IDICAN y del Gobierno.
Según ha explicado el encargado de coordinar el proyecto por parte de Astra, Julio Ruiz, en el juicio la empresa ya había realizado los pedidos de material; los 'racks' (soportes) de tratamiento de señal estaban "prácticamente montados, cableados y listos para enviar a Cantabria" y la antena provisional que se iba a instalar en un primer momento ya tenía plazo de llegada, entre otros compromisos ya adquiridos.
Además, desde Astra, que también reclama el aval de 500.000 euros que abonó cuando resultó adjudicataria y que no le ha sido devuelto por parte del Ejecutivo regional, han insistido en que la rescisión del contrato "en absoluto era achacable a ningún incumplimiento" por su parte, algo que, según han defendido sus representantes, reconoció el entonces consejero de Industria, Javier del Olmo, cuando les comunicó la resolución del mismo.
LA DURACIÓN DEL CONTRATO

Otro punto en el que el Gobierno de Cantabria y la empresa han expresado su desacuerdo durante el juicio ha sido en la duración del contrato que firmaron.
Mientras que, por una parte, el Ejecutivo regional e IDICAN insisten en que el contrato era de tres meses para la ejecución del sistema para implantar la TDT y un año de explotación y de mantenimiento del servicio con la posibilidad de que, a decisión del contratista, se pudiera prorrogar.
Por su parte, la empresa considera "claro" que la instalación y prestación del servicio por parte de Astra "no estaba para meses, sino para años" y afirma que se pidió por parte de IDICAN una solución "a diez años vista".
SIN UNA "SOLUCIÓN AMISTOSA"

Durante el juicio, los representantes del IDICAN y del Gobierno regional han explicado que intentaron "buscar una solución amistosa" en la resolución de este problema, si bien la empresa "en ningún momento" accedió a tratar la rescisión del contrato.
Según ha explicado el exsecretario general de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria, Ricardo Gordejuela, ASTRA se "negaba en rotundidad" a la rescisión del contrato si bien --ha dicho- "no por el negocio en sí, sino por estar presente en el mercado" y "romper con el monopolio" que existía.
Gordejuela ha señalado que cuando el Gobierno de Cantabria avisó a la empresa de la propuesta que le estaba planteando el Gobierno central Astra "aumentó la velocidad de crucero para tener una posición más beneficiosa a nivel de indemnización".
Además, y al contrario de lo que han asegurado la empresa, ha negado que existieran "presiones" del Gobierno de España al de Cantabria para que rescindiera el contrato con SES Astra.
 

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Segunda sesion del juicio Astra contra el Gobierno Cántabro por la TDT-Satelite


Respaldan varias de las tesis de la adjudicataria
SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)
Los peritos judiciales que han participado este miércoles en el juicio contra el Gobierno de Cantabria por la rescisión del contrato con SES Astra para la implantación de la TDT en la comunidad autónoma han asegurado que la empresa dejó de percibir 15,2 millones de euros por la cancelación de la adjudicación.
Ambos peritos judiciales han realizado esta cálculo entendiendo que el contrato era para un "largo plazo", en base a una previsión de diez años, una posibilidad que se preveía en el contrato, que, aunque se establecía un plazo inicial para la explotación del servicio de un año, incluía la posibilidad de una prórroga hasta alcanzar la década.
Además, consideran una "bestialidad" y "prácticamente prohibitivo" el coste de haber reorientado las antenas en caso de que una vez que SES Astra hubiera comenzado a prestar ese servicio en base al contrato firmado con IDICAN, actual Sodercan, se hubiera decidido cambiar de proveedor a Hispasat-Abertis, ya que cifran el gasto entre 6,5 y 7,6 millones.
Sin embargo, esto no llegó a producirse puesto que IDICAN canceló el contrato con SES Astra antes de que comenzara a prestar el servicio, si bien ya había dado algunos pasos para ejecutar el proyecto, como acopio de material. Después de la resolución del contrato con esta multinacional, el Gobierno de Cantabria convocó un nuevo concurso en el que resultó ganadora la oferta de Abertis, que había perdido, la anterior convocatoria, ganada por SES Astra.
Por la rescisión de este contrato, la empresa reclama al Gobierno de Cantabria 21,9 millones de euros, de los que 1,5 es por los gastos ya realizados para la ejecución del proyecto y 20,4 por la pérdida de ganancias o lucro cesante.
En las conclusiones finales del juicio, SES Astra mantiene esta misma petición, así como el pago por parte del Gobierno de los gastos en que incurrió la adjudicataria al dar pasos en la preparación y ejecución del proyecto para la puesta en marcha del servicio.
Durante la parte final de la vista, tanto la parte demandante como la demandada han mantenido los mismos planteamientos que en sus intervenciones anteriores durante los dos días que ha durado el juicio tras el que la causa ha quedado vista para sentencia.
En este sentido, el abogado de la empresa ha considerado que el contrato fue "indebidamente resuelto", "de manera ilegal" --ha dicho, por el "grave incumplimiento" que, a su juicio, supone. En su opinión, la cancelación del contrato es "arbitraria" algo que ha rechazado la parte demandante, justificando su decisión de rescindirlo en que había una solución alternativa para la prestación "del mismo servicio" a "menor coste" para Cantabria.
Según ha mantenido el abogado que representa al Gobierno de Cantabria/IDICAN, continuar con el contrato con Astra existiendo otra solución del Ministerio de Industria se daba una "duplicidad" que tenía que "resolver" el Ejecutivo regional y, la decisión adoptada, está recogida en las "normas del buen Gobierno".
En contraposición a esta afirmación, la parte demandante ha acusado al Gobierno regional de "haber jugado a dos barajas" al esperar, por una parte, "lo que le diese" el Gobierno de España por otra, contando con el proyecto de Astra.
LA DURACIÓN DEL CONTRATO
Por otra parte, y al igual que ha sucedido durante el juicio, que se ha celebrado en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Santander y que ha concluido hoy, ambas partes han expresado su desacuerdo en cuanto a la duración del contrato.
Mientras que para el Ejecutivo regional/IDICAN insiste en que el contrato era de tres meses para la ejecución del sistema para implantar la TDT y un año de explotación y de mantenimiento del servicio con posibilidad de que, a decisión del contratista --él mismo--, se pudiera prorrogar, por un máximo de hasta 10.
Sin embargo, la empresa ha defendido que, por el servicio y el contrato, resulta "obvio" que la duración prevista era de 10 años puesto que, a pesar de que se preveía un plazo inicial de 1 año de explotación, en el pliego de condiciones para el concurso se primaba que la oferta y el compromiso por parte de la adjudicataria fuera para una década.
Sobre este asunto, los peritos han respaldado lo expuesto por la empresa y han señalado que "las expectativas eran a largo plazo" como corresponde al tipo de servicio que iba a prestar.
LA "MEJOR OFERTA"
Por otra parte, el abogado de la defensa ha mantenido que la oferta que presentó SES Astra al concurso en el que resultó adjudicataria --que preveía servir la televisión digital por vía satélite a toda Cantabria, asegurando así una cobertura del 100%-- era "la mejor".
A raíz del concurso celebrado tras la resolución del contrato con esta empresa y en el que se adjudicó el contrato de la TDT a Abertis la TDT llega a la mayor parte de los cántabros por vía terrestre y sólo se recurre a la solución satélite a través de Hispasat en aquellos territorios que tenían difícil cobertura.
En este sentido, uno de los dos peritos judiciales que han intervenido, ha reconocido los beneficios de la solución por satélite frente a la terrestre por razones "de cobertura" y "de tiempo de despliegue", además del menor esfuerzo inversor que necesita.
Cuestionado si, como asegura el Gobierno, la solución del Ministerio de Industria era gratuita, ha opinado que "el plato de comida gratis no existe en términos económicos". Según ha explicado, aunque Abertis-Hispasat presta gratuitamente la TDT por vía satélite de forma gratuita en aquellos territorios donde no puede implantarse la tecnología terrestre, el Gobierno de Cantabria tuvo que hacer un esfuerzo inversor "muy serio" para extender la solución terrestre a la mayor parte del territorio.
"FACTURAS FANTASMA"
Por otra parte, el Gobierno de Cantabria ha afirmado que trató de buscar una salida para la resolución del problema pero se encontró con que la empresa se negó a la rescindir el contrato.
El abogado de la parte demandada, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria "desde el principio" estaba dispuesto a pagar a Astra 681.000 euros correspondientes a la pérdida de ganancias o lucro cesante por el año de contrato, a su juicio suscrito --y no por 10 años como reclama la empresa--.
Además, se ha mostrado dispuesta a sufragar en los "gastos incurridos" por parte de la empresa, como consecuencia de los pedidos que Astra ya había realizado para la puesta en marcha del proyecto antes de que el contrato quedara resuelto.
Sin embargo, el Gobierno de Cantabria ha considerado que, de entre los gastos presentados por Astra, existen ciertas "facturas fantasmas" con partidas, a su juicio, que no están suficientemente justificadas por parte de la empresa.
En su intervención, ambos peritos judiciales no han coincidido con esta versión y han asegurado que los gastos que presenta la empresa por valor de casi 1,5 millones de euros "son lógicos", "justificables" "y muy razonables" por los pedidos de material que, entre otros conceptos, se realizaron y han destacado la voluntad de Astra de intentar devolver y reubicar parte del material o del equipamiento que se adquirió.
Uno de los peritos ha insistido en que en la documentación acreditada por Astra como justificante de esos gastos no ha visto ninguno que sea "dudoso".
EL AVAL
Entre las reclamaciones planteadas por el abogado de Astra, se ha incluido también la petición del reintegro del aval de 500.000 euros que ingresó la empresa tras resultar adjudicataria del servicio, que aún no ha sido devuelto por parte del Gobierno de Cantabria. Según ha explicado su abogado, al no haberse devuelto el aval el contrato "queda por resolver".
En este sentido, la parte demandante ha asegurado que, en este aspecto, "siempre ha estado dispuesto a la devolución del aval" a Astra.