- 13 Jul 2011
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La Unión Europea y 22 de sus estado miembros, entre ellos España, han firmado hoy en Japón el tratado ACTA, cuya inicial negociación en secreto sublevó a la comunidad de Internet. Se trata de un acuerdo comercial que pretende combatir el tráfico de falsificaciones y la violación de la propiedad intelectual. La firma del tratado por parte de la UE debe ser ratificada por el Parlamento Europeo en junio. Organizaciones opuestas al mismo ya preparan movilizaciones para intentar frenar la ratificación. Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania figuran entre los países europeos que no lo han suscrito. Según la UE, se trata de un simple retraso por razones de procedimiento. En Polonia ya hace días que se han organizado movilizaciones contra ACTA
ACTA admitiría nuevas sanciones penales para obligar a los proveedores de Internet a vigilar los contenidos en Internet, lo que supondría, según sus oponentes, una merma en la libertad de expresión y un incremento de la inseguridad jurídica ya que autorizaría a los titulares de derechos a obtener información sobre los infractores en la Red por parte de los operadores. No se trata de artículos de obligado cumplimiento por parte de los Estados. Las autoridades europeas, ante el escándalo que provocó el conocimiento de las negociaciones secretas del citado tratado, han asegurado que en la UE cualquier fórmula de persecución de la infracción se dará por la vía judicial. Quienes se oponen al tratado, por su ambiguo y genérico redactado, subrayan expresiones como la necesidad de “remedios expeditivos” para prevenir las infracciones y el despliegue de “obstáculos” para impedir que avance la piratería. El texto añade que los procedimientos que se pacten deben respetar la privacidad y la libertad de expresión.
ACTA admitiría nuevas sanciones penales para obligar a los proveedores de Internet a vigilar los contenidos en Internet, lo que supondría, según sus oponentes, una merma en la libertad de expresión y un incremento de la inseguridad jurídica ya que autorizaría a los titulares de derechos a obtener información sobre los infractores en la Red por parte de los operadores. No se trata de artículos de obligado cumplimiento por parte de los Estados. Las autoridades europeas, ante el escándalo que provocó el conocimiento de las negociaciones secretas del citado tratado, han asegurado que en la UE cualquier fórmula de persecución de la infracción se dará por la vía judicial. Quienes se oponen al tratado, por su ambiguo y genérico redactado, subrayan expresiones como la necesidad de “remedios expeditivos” para prevenir las infracciones y el despliegue de “obstáculos” para impedir que avance la piratería. El texto añade que los procedimientos que se pacten deben respetar la privacidad y la libertad de expresión.
