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El Consejo de Ministros aprueba hoy la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

rusoalicia

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El Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual, que consiste en una reforma parcial del texto actual que busca facilitar la transición digital de las industrias creativas y culturales.


El Consejo dio luz verde al anteproyecto de la ley el pasado mes de marzo. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, explica que el texto tiene como objetivos un control de las entidades de gestión de los derechos de la propiedad intelectual, reforzar la Comisión de Propiedad Intelectual para luchar contra la piratería y revisar el concepto de copia privada.

El proyecto intenta limitar la difusión de contenidos digitales que infringen los derechos de autor en webs con contenido protegido. Para ello, el Gobierno sugiere que los proveedores de los servicios de pago y publicidad de páginas web actúen como intermediarios para impedir la difusión, forzando la prohibición de publicidad en estas páginas.


La ley también permitirá acudir inmediatamente a la vía civil y aumenta las sanciones para los que repitan infracción, que irán entre 30.000 a 300.000 euros.
Según el Ministro Wert, la ley busca reforzar la transparencia, control y vigilancia de las entidades de gestión siguiendo la directiva europea de gestión del copyright y sus derechos relacionados.
La norma incluye también la obligación a la entidades de gestión de presentar sus cuentas anuales y su sometimiento a una auditoría.
Se redefine también el concepto de copia privada, que busca que se lleve a cabo por una persona para su uso privado, excluyendo el uso profesional y empresarial y que la reproducción se haga sobre obras que se hayan adquirido de forma legal.


La propiedad intelectual es un tema de debate frecuente en nuestro país. Con la proliferación de las nuevas tecnologías y la era digital, la reproducción ilegal del contenido de autor crece cada año. Desde el gobierno se pretende regular el uso de las obras y controlar los derechos de autor, aunque las webs de descargas ilegales ganan cada día más usuarios.


La infracción de los derechos exclusivos de explotación de las obras con derechos de autor está penada por la Ley de Propiedad Intelectual, que ofrece protección a los autores frente a la copia o difusión no autorizada de contenidos.


Con esta reforma de la ley, el gobierno pretende aclarar los conceptos que contempla la ley, para fortalecer esta protección de los derechos de los artistas.
 

paztero1

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Y no hay una reforma para echar a tomar por culo o mejor meter a la carcel de por vida a tanto politico corrupto y ladrones, que pena de pais asi nos va.:(
 

darkmantk

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26 Ago 2009
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Y no hay una reforma para echar a tomar por culo o mejor meter a la carcel de por vida a tanto politico corrupto y ladrones, que pena de pais asi nos va.:(
Eso no lo verás en la vida a no ser que haya un golpe de estado o una rebelión del pueblo y acaben con la clase politica.
 

rusoalicia

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Claves para comprender la nueva ley

Entre su trayectoria accidentada y su complejidad jurídica, la reforma de la ley de Propiedad Intelectual aprobada hoy por el Consejo de Ministros es un quebradero de cabeza. “Es todo técnico”, se sinceran desde una de las entidades de gestión que prefieren no hacer valoraciones a la espera de conocer, y analizar en profundidad, el texto definitivo.

Mientras, sí se pueden destacar algunas de las claves de la reforma.

Google News y la compensación equitativa. El texto establece el derecho de los agregadores de noticias (como GoogleNews) a que usen fragmentos no significativos de "información, opinión o entretenimiento" sin autorización previa. Para ello, sin embargo, tendrán que pagar una "compensación equitativa", según ha anunciado Wert. Ojo: se habla de agregadores, como Google News, no de buscadores, como el propio Google. Los agregadores tendrán que negociar con las entidades de gestión de derechos (Cedro para los textos; Vegap, para las imágenes) el monto de esa “remuneración significativa”. La negociación sobre el cuánto y el cómo deberá resolverse en un periodo máximo de ocho meses desde la promulgación de la ley. Tres meses como máximo para fijar la orden y cinco para alcanzar el acuerdo entre las partes. Si no se llegara a un pacto, fijará la cuantía por decreto la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual.

La lucha contra la piratería. La nueva ley permite a la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual –la que la ley Sinde creó para combatir la piratería online- perseguir también las webs de enlaces, esas que proporcionan el acceso a otras páginas donde se puede descargas contenido protegido por el derecho de autor. El texto fija también sanciones de entre 30.000 y 300.000 euros en caso de “incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada de contenidos ilícitos”. Hasta ahora, en sus dos años de vida, la sección segunda ha conseguido la retirada de unos 150 contenidos. Entre sus críticas, el Consejo de Estado recomendaba dotar al organismo de más recursos para su labor.

La compensación por copia privada. Una vez enterrado el canon digital, el Gobierno creó la llamada compensación por copia privada con cargos a los Presupuestos del Estado. En términos económicos, las entidades de gestión pasan de recibir unos 115 millones a cinco. El nuevo texto aprobado hoy “acota” el concepto de copia privada. “Permanecen amparadas las reproducciones de CD o DVD comprados, las grabaciones de fuentes de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores. El tratamiento de las copias digitales queda remitido a los correspondientes contratos de licencia”, añade el documento. “Quedan excluidas las copias de copias, las que se hagan de un CD prestado o de canciones bajadas de iTunes”, pone algunos ejemplos Antonio Guisasola, presidente de Promusicae y de la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual, Adepi.

Más transparencia tras el escándalo SGAE. El texto aumenta el control sobre las entidades de gestión y sus obligaciones de transparencia. “Se recoge un catálogo de obligaciones de las entidades respecto a sus asociados y las Administraciones públicas, que incluyen la rendición anual de cuentas y la realización de auditorías”, relata un comunicado del Ministerio.

La ventanilla única. La ley impone a las entidades de gestión un plazo de cinco meses para constituir una persona jurídica privada que centralice todas las operaciones de facturación y pago de los usuarios de derechos de propiedad intelectual. Si no hubiera acuerdo en el plazo previsto, será la Comisión de Propiedad Intelectual quien se encargue de ello. Algunas entidades de gestión relatan que, en uno de los últimos borradores que pudieron ver, se establecía que a falta de un acuerdo, la SGAE se ocuparía de la gestión centralizada.